Javier Martínez, un vecino de la localidad valenciana de Xirivella, decidió el domingo pasado empezar a repartir mascarillas protectoras que había fabricado él en casa para los niños. Este acto solidario se convirtió en una sanción grave por parte de la policía y podría costarle entre 3.000 y 60.000 euros.
Este vecino llevaba semana fabricando estas mascarillas en su casa. »Cuando empezó todo esto puse mis tres impresoras 3D en marcha y he fabricado más de 1.000. Habré invertido unos 500 euros de material», asegura Javier.
Sus vecinos cuando se enteraron de la iniciativa empezaron a recaudar dinero para comprar más material. »Incluso el alcalde me llamó para darme 50 euros de su bolsillo para colaborar», asegura.
El hombre es padre de dos hijos de siete y doce años y el domingo pasado quiso aprovechar su primer paseo después de 42 días sin salir para repartir las mascarillas infantiles. »Limpié la zona donde me iba a poner con lejía y acoté la zona marcando la distancia de seguridad para evitar aglomeraciones». Otro vecino del barrio que tiene un bar le dejó una sombrilla y una mesa. »Les daba las máscaras, se las ajustaba y arreglaba en función del niño», cuenta Javier.
Al rato se presentaron varios agentes alertados por varios vecinos que dijeron que en la plaza había gente bebiendo alcohol. Javier explicó que había padres bebiendo cerveza, pero que se la habían bajado de su casa.
Javier reconoce que se alteró algo con los agentes porque se sintió como un delincuente: »Me acusaron de estar vendiendo yo las cervezas y no fue así». Los agentes le dijeron que no tenía autorización para repartir esas mascarillas que no estaban homologadas.
»Con la situación que tenemos rechazan material, aunque no esté homologado, es mejor que nada», explica. Un bufete de abogados se ha puesto en contacto con él para recurrir la multa.
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